El Supremo se pronuncia sobre los gastos de tasación en los préstamos hipotecarios

El Tribunal Supremo resuelve que los gastos de tasación, cuando no sea aplicable la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, incumben al banco y no al consumidor.

Fuente: Esta noticia ha sido obtenida de la página web del Consejo General del Poder Judicial.

Antecedentes

En el año 2015, el Tribunal Supremo resolvió por primera vez sobre una cuestión que, desde entonces, ha dado lugar a una avalancha de reclamaciones judiciales entre entidades financieras y consumidores. En los contratos de préstamo hipotecario, las entidades tenían por costumbre hacer pagar al cliente los gastos de formalización del préstamo hipotecario (Notario, Registro, Gestoría…), lo cual fue declarado nulo, por ser contrario a la ley de consumidores y usuarios.

Desde entonces, nuestro Alto Tribunal ha venido resolviendo muchos otros litigios que han discutido el alcance y las consecuencias de esta nulidad, así como la de otras cláusulas controvertidas en los préstamos (IRPH, Comisiones o Intereses, entre otras). Especialmente comentada fue la sentencia que, en el año 2018, condenó a las entidades a pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, la cual fue revocada en apenas unas semanas.

Como consecuencia de todo ello, en 2019 se aprobó una nueva Ley, que estableció de forma clara cómo debía ser, a partir de entonces, el reparto de estos gastos entre consumidores y entidades en los préstamos hipotecarios. Quedando pues, zanjada la cuestión para futuros préstamos, los antiguos siguen aún, en muchos casos, esperando su turno en los juzgados para ser resueltos.

Resolución

En esta sentencia, el Pleno resuelve sobre el alcance de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos hipotecarios entre bancos y consumidores. En concreto, el alto tribunal dictamina que los gastos de tasación, cuando no sea aplicable la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, incumben al banco y no al consumidor.

Con esta sentencia quedan resueltas por la Sala de lo Civil todas las consecuencias de la nulidad de las cláusulas que imponen a los consumidores los gastos de formalización del préstamo hipotecario. Esta doctrina supone que los consumidores tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales.

Así pues, todo hace prever que la batalla judicial se mantendrá durante los próximos meses y años en torno a este tipo de litigios, si bien es cierto que, la gran mayoría de sentencias han dado la razón a los consumidores y han obligado a las entidades a devolver las cantidades, así como a pagar las costas judiciales de estos procesos.