Reforma de la Jurisdicción Voluntaria

Esta semana, el Congreso de los Diputados ha aprobado, de forma definitiva, el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, un título bajo el cual se esconden una serie de procedimientos judiciales de gran importancia para nuestra sociedad y con una gran repercusión, en mayor o menor medida, en nuestras vidas.

Por ello, desde BasqueLaw Abogados hemos querido acercar un poco más este concepto, explicar su significado, y aclarar brevemente lo que supondrá la entrada en vigor de la citada Ley, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la cual tendrá lugar próximamente.

¿Qué es la Jurisdicción Voluntaria?

El término «Jurisdicción Voluntaria» hace referencia a una serie de procesos que, a pesar de ser llevados ante los tribunales, no suponen un enfrentamiento entre partes. Simplemente se busca que una determinada situación de hecho, ya existente, sea reconocida por los tribunales, ya que ello le otorgará un estatus jurídico, necesario para poder ejercer ante terceros la tutela de determinados derechos e intereses relativos al Derecho civil y mercantil.

A modo de ejemplo, corresponden a la Jurisdicción Voluntaria procedimientos como:

• Nombramiento de tutores y curadores
• Emancipación de menores
• Declaración de ausencia y fallecimiento
• Aceptación y repudiación de la herencia
• Actos de conciliación

¿Por qué se ha reformado?

Los asuntos de Jurisdicción Voluntaria aparecieron por vez primera en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, junto con el resto de procedimientos contenciosos que cubrían nuestros tribunales. Cuando, en el año 2000, se reformó y promulgó la actual LEC, el legislador dejó, en la disposición adicional decimoctava, un mandato al Gobierno de remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre jurisdicción voluntaria «en el plazo de un año».

Desde entonces y hasta ahora, los sucesivos gobiernos que han pasado han obviado, de mejor o peor forma este mandato hasta que, 15 años después, se vé cumplido con la entrada en vigor de está ley. Entretanto, todos estos asuntos se han seguido llevando por lo que venía escrito en la LEC de 1881.

No obstante, lo que mas expectación ha causado de esta nueva ley no ha tenido que ver con los procedimientos, sino con las personas a las que el legislador ha querido, de forma novedosa, otorgar la competencia para llevarlos. Se trata de los Notarios y los Registradores.

Distinción de competencias

En primer lugar, el texto aprobado, distingue y separa aquellos procedimientos que corresponden a los juzgados y tribunales de aquellos otros asuntos que pasarán a ser expedientes notariales y registrales, bajo la premisa de reducir costes para el ciudadano y agilizar los trámites. Asimismo, esta norma fija un procedimiento único (sin alternativas, o solo en sede judicial o solo ante otros fedatarios públicos) para resolver los asuntos planteados.

Así, será el juez quien resuelva prácticamente todos los expedientes de jurisdicción voluntaria. De él dependerán los que afecten al interés público o al estado civil; los que precisen una especial tutela; aquellos que impliquen una disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos, o los que afecten a derechos de menores o personas con capacidad judicialmente complementada.

Por su parte, el secretario judicial tendrá competencias para dar impulso a los asuntos anteriores, además de nombrar defensores judiciales, declarar ausencias y fallecimientos, actos de conciliación y nombrar al administrador, liquidador o interventor de entidades.

Los registradores de la propiedad y mercantiles se encargarán de los expedientes registrales, entre los que figurará la convocatoria de junta general de las sociedades, que hasta ahora realizan los jueces de lo Mercantil, la constitución del sindicato de obligacionistas cuando las entidades no lo hagan y el nombramiento de auditores para el examen de las cuentas anuales.

Por último, se atribuyen a los notarios los expedientes relativos a la declaración de herederos cuando no haya testamento, la protocolización de los testamentos ológrafos o los otorgados verbalmente o la designación de contador-partidor dativo. Además, se prevé que se pueda plantear ante los notarios un procedimiento para la reclamación de deudas dinerarias reconocidas, como alternativa al proceso monitorio, que en cualquier caso podrá plantearse con posterioridad.

Matrimonios y divorcios

Sin duda uno de los aspectos clave de esta ley y una de las novedades relevantes para el ciudadano medio es esta, ya que el matrimonio es uno de los actos mas básicos y habituales de nuestra sociedad. Para ello, se ha querido dar competencia a los notarios, que instruirán los expedientes matrimoniales y podrán realizar la unión. Además, se reforma el Código Civil para reconocer el derecho a celebrar matrimonio religioso con efectos civiles a las confesiones reconocidas con la declaración de notorio arraigo que se equiparan así a la religión Católica a la hora de oficiar matrimonios. Una modificación que obedece al pluralismo religioso existente en la sociedad española.

En cuanto a las separaciones y divorcios, en los casos de mutuo acuerdo e inexistencia de hijos menores o personas con capacidad judicialmente completada, los ciudadanos también podrán acudir al notario, como forma alternativa al juzgado.

Por último, la norma eleva, de 14 a 16 años, la edad para contraer matrimonio, de acuerdo con la propuesta realizada por los Ministerios de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De esta forma, se equiparan en la legislación española la edad de consentimiento sexual, fijada en 16 en la última reforma del Código Penal, con la de contraer matrimonio.

Otras novedades

Finalmente, la Ley de Jurisdicción Voluntaria prevé la intervención del fiscal en los asuntos de menores y personas con capacidad judicialmente modificada y la prueba de oficio cuando lo justifique un interés público.

Asimismo, según lo previsto en la Ley de Justicia Gratuita, los beneficiarios de este derecho disfrutarán del mismo en los procedimientos propios de jurisdicción voluntaria y este proyecto aprobado añade, además, que contarán con una bonificación del 80% en los expedientes notariales y registrales incluidos en esta ley.

Por último, la revisión de los procedimientos de jurisdicción voluntaria ha concluido que en los casos de sustracción internacional de menores siempre hay controversia entre los progenitores. Por ello, se ha decidido regularlo como un proceso propio e independiente, fuera de la jurisdicción voluntaria.