Novedades laborales de la Ley 26/2015

El pasado mes de julio se produjo una reforma en el sistema de protección de menores mediante dos normas, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de protección a la infancia y a la adolescencia, y la Ley Orgánica 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Con estas nuevas leyes se ha pretendido mejorar la atención y la protección de los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género y menores víctimas de otras formas de violencia, en concreto la trata de seres humanos.

Así, en BasqueLaw Abogados, en vista de las significativas modificaciones que estas leyes han introducido en el ámbito laboral, hemos considerado conveniente explicar a nuestros clientes y seguidores su contenido y consecuencias, de forma breve.

Permisos de maternidad y paternidad

La primera modificación la encontramos en el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. La disposición final tercera modifica el artículo 37.7 f) equiparando la regulación del permiso retribuido previsto para las familias biológicas, a las familias adoptantes y acogedoras.

Anteriormente solo se preveía el permiso de las trabajadoras para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, dejando, de este modo, fuera la maternidad/paternidad adoptiva o acogimiento. Con esta modificación se reconoce a estas el permiso para las preceptivas sesiones de información y preparación de informes psicológicos y sociales de previos a la declaración idoneidad. Normalmente es obligatorio para estas familias adoptantes y debe estar recogida normativamente como permisos retribuidos. En este caso ambos progenitores deben acudir a a la preparación de la adopción o acogimiento y, a diferencia de la preparación al parto, esta no es voluntaria.

Igualmente, cabe destacar que esta modificación se incorpora asimismo al artículo 48, letra e) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

De esta forma ambos tipos de familia, biológica y adoptiva o acogimiento, tienen el mismo trato a la hora de obtener permisos retribuidos, sin excluir a una por no tratarse de maternidad biológica.

Trata de seres humanos

La segunda modificación, en el ámbito Laboral, afecta a la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento del empleo. Se intenta, con esta medida, la integración laboral de un colectivo desfavorecido como es el de las víctimas de trata de seres humanos. La modificación se encuentra recogida en la disposición final octava y consistirá en una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social para aquellos empleadores que contraten a víctimas de trata de seres humanos, cuando hayan obtenido la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, sin que sea necesaria la condición de estar desempleado. Dichas bonificaciones serán:

• Por contratación indefinida: 125 euros/mes (1.500 euros/año), o su equivalente diario, durante 2 años.
• Por contratación temporal: 50 euros/mes (600 euros/año), o su equivalente diario, durante toda la vigencia del contrato.

Prestaciones sociales

Por último, la Ley 26/2015, de 28 de julio, introduce cambios en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

La nueva normativa impide el acceso a las prestaciones por muerte y supervivencia y el mantenimiento de su disfrute a quienes fueran condenados por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio, en cualquiera de sus formas, cuando la víctima sea el sujeto causante de la prestación.

Y todo ello viene acompañado por instrumentos que permiten a la Administración la suspensión cautelar del abono de las prestaciones que, en su caso, se hubieran reconocido cuando haya recaído sobre el solicitante resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad por la comisión del indicado delito, así como la revisión de oficio de los derechos reconocidos cuando recaiga sentencia firme al respecto.

Por otro lado, se prevé el abono con cargo a la pensión de viudedad suspendida de las obligaciones de alimentos a favor de los hijos. Una vez dictada la sentencia, los efectos económicos del incremento de la pensión de orfandad se retrotraerán a la fecha de estos efectos del reconocimiento inicial de dicha pensión.

Además, se articulan los mecanismos de comunicación y coordinación necesarios con los juzgados y tribunales de justicia para una más adecuada aplicación de la nueva regulación.