La UE y la libre circulación de trabajadores

El pasado 15 de septiembre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia sobre el asunto C-67/14, referente a las prestaciones de asistencia social y la limitación del derecho de ciudadanos de un Estado de la Unión Europea a percibirlas en otro Estado de la UE. Una sentencia de gran interés para los ciudadanos de la unión, ya que afecta a uno de sus derechos básicos, como es el caso de la libre circulación de trabajadores.

En vista de tal acontecimiento, en BasqueLaw Abogados hemos querido dar a conocer y explicar el contenido básico de esta sentencia a nuestros clientes y seguidores, para así aportarles una mayor seguridad jurídica.

La libre circulación en la UE

El derecho de las personas a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea constituye la piedra angular de la ciudadanía de la Unión, establecida en el Tratado de Maastricht de 1992. No obstante, su aplicación práctica en el Derecho de la Unión no ha resultado fácil. En un primer momento supuso la supresión gradual de las fronteras interiores conforme a los acuerdos de Schengen, inicialmente solo por un grupo reducido de Estados miembros.

Hoy en día, las normas que rigen la libre circulación de personas se recogen principalmente en la Directiva 2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. No obstante, la aplicación de esta Directiva sigue topándose con numerosos obstáculos. Y con la llegada de la crisis, y el gran flujo migratorio que ha creado sobre los países del sur de la unión, éstos obstáculos han ido en aumento sobre la legislación de los países que han acogido mayoritariamente a estas personas.

Antecedentes

Este caso surge a raíz de una consulta realizada por el Tribunal alemán de lo social, en el marco de un litigio entre un centro de empleo de Berlín y la demandante y sus tres hijos de nacionalidad sueca, a los cuales el citado centro había denegado la concesión de prestaciones del seguro básico previsto por la legislación alemana. Ya en anteriores ocasiones, el TJUE había declarado que era legítimo que un Estado denegase estas prestaciones a ciudadanos que llegan a su territorio sin voluntad de encontrar empleo en él.

No obstante, en el presente caso, la demandante y su hija mayor, habían ocupado en Alemania varios empleos de corta duración, no encontrando oportunidades de trabajo por tiempo superior a un año. Desde entonces, y durante los siguientes seis meses se concedieron a la familia prestaciones de seguro básico: prestaciones de subsistencia para desempleados de larga duración para los miembros de la familia que habían tenido empleo, por una parte, y prestaciones sociales para los beneficiarios no aptos para trabajar, para los restantes miembros, por otra.

Posteriormente, la autoridad competente excluyó a la familia del derecho a percibir estas prestaciones por considerar que su derecho de residencia únicamente se justificaba por estar buscando trabajo. En su recurso de casación interpuesto ante el tribunal remitente el centro de empleo alega, en especial, que las prestaciones cuyo objeto es garantizar la subsistencia en virtud de dicha norma constituyen «prestaciones de asistencia social», en el sentido del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38, de las que por tanto se puede excluir a las personas en busca de empleo.

Ayudas de asistencia social

Las cuestiones principales que ha tenido que resolver el TJUE en este caso han sido:

• ¿El hecho de denegar a los ciudadanos de la UE prestaciones no contributivas de asistencia social (las cuales se conceden a los nacionales del Estado miembro de acogida que están en la misma situación), es contrario al principio de igualdad de trato y/o al derecho a la libre circulación en la UE?
• ¿Qué requisitos tendrá que reunir una persona que lleve más de tres meses viviendo en un país de la UE, para que pueda disfrutar de una pensión no contributiva proporcionada por el país de acogida?.
• Además, también habla del derecho por parte del Estado de acogida a expulsar a aquellos sujetos que no reúnan los requisitos que estipule la Norma.

Pues bien, esta sentencia toma como base y cimentación diferentes preceptos comunitarios vigentes actualmente, así como conceptos en ellas recogidos. Destaca entre ellos el hecho de que los beneficiarios del derecho de residencia se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida, durante un primer periodo de estancia, tal y como exponen los artículos 10, 16 y 21 de la Directiva 2004/38/CE. Llegados a este punto ¿Qué se considera como una carga excesiva para las arcas de la Seguridad Social de un País? A través de esta medida se abre camino al arbitrio. Cada país podrá determinar, de manera universal o particular, qué considera una “carga excesiva” pudiendo dar lugar a la indefensión del sujeto en cuestión. 

Consecuencias

Así pues, el TJUE confirma las sospechas de todos aquellos que especulaban sobre la tendencia de este Tribunal de limitar la concesión de ayudas de asistencia social a ciudadanos de la UE, en el marco de la libre circulación de trabajadores. La sentencia concluye con que el derecho a circular y a trabajar constituye una libertad fundamental y absoluta del Derecho de la Unión, pero es esencial delimitar el derecho de residencia de los nacionales de los Estados miembros.

Es por ello que la Directiva 2004/38 establece que todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un periodo superior a tres meses si es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, o si dispone, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su periodo de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos de dicho Estado. A su vez, el artículo 14 de la Directiva delimita de forma más restrictiva las posibilidades de expulsión de un ciudadano de la Unión que no reúne los requisitos citados.

La decisión del TJUE toma este filtro como eje central. Es decir, que la libre circulación de personas está, como de costumbre, supeditada a la posesión de recursos propios para subsistir en el país receptor.

Conclusiones

Resulta obvio afirmar que, en la actual época de crisis que estamos viviendo, los principios que inspiraron la creación de la Unión Europea se han visto ciertamente mermados y cuestionados, en especial, por aquellos Estados miembros que han tenido que pagar las mayores cuotas de solidaridad y acogida. La inmigración masiva, la aportación económica de los Estados para los rescates de los países del sur o la reciente crisis de refugiados son solo algunos de los síntomas mas mediáticos que han podido verse en los últimos años.

Tampoco podemos negar que la autoridad de la Unión Europea se ha visto seriamente afectada y lastrada por las diversas voluntades proteccionistas que han mostrado muchos de sus Estados miembros, siendo este un episodio más, que nos muestra como estos principios siguen estando bajo la voluntad de cada país, generando una gran inseguridad jurídica sobre los ciudadanos.

En lo sucesivo, y hasta que la situación política y económica lo permita, es previsible que sigamos viendo estos constantes enfrentamientos entre los ciudadanos de la UE y una institución que, a día de hoy, no ha sabido ganarse su confianza, tal vez, por cuestiones como esta.