Los baremos indemnizatorios – Parte II

Continuando con la exposición que iniciamos el pasado 27 de octubre, sobre los Baremos indemnizatorios, su configuración y evolución histórica, en esta segunda parte pasaremos a analizar los cambios que nuestro legislador ha querido introducir en la nueva Ley 35/2015, de 22 de septiembre.

Como veremos a continuación, no se trata, ni mucho menos, de un cambio menor, ya que su entrada en vigor, el próximo día 1 de enero, supondrá un vuelco en el sistema, tal y como hasta ahora lo conocíamos.

Sistema vertebrado

La principal novedad de esta nueva Ley se basa en la introducción de un nuevo apartado (Título IV) que recoge el denominado «Sistema para la valoracion de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación«. Con esto, nuestro legislador ha apostado por desgranar la indemnización que debe percibir una víctima en varios apartados y secciones, de tal forma que, según el tipo de daño producido, habra que utilizar cada uno de forma separada para valorar la indemnización por cada tipo de daño.

Esta vertebración puede resumirse en 3 apartados: Indemnizaciones por muerte, por secuelas y por lesiones temporales. Cada uno de estos conceptos se encuentra subdividido entre “perjuicio personal básico”, “perjuicio personal particular” y el llamado “perjuicio patrimonial”, que a su vez distingue entre daño emergente y lucro cesante. Como vemos, hay un gran número de apartados y subapartados, que serán aplicables según las circunstancias del accidente concreto que se haya producido.

Lo que, en cualquier caso, ha querido dejar claro el legislador, es el carácter objetivo de estos conceptos. Ello supone que se indemnizará conforme a las reglas y límites establecidos en el sistema, y no podrán fijarse indemnizaciones por conceptos o importes distintos de los previstos en él. No obstante, los perjuicios relevantes, ocasionados por circunstancias singulares y no contemplados conforme a las reglas y límites del sistema, se indemnizan como perjuicios excepcionales.

Indemnizaciones por muerte

En caso de muerte existen cinco categorías autónomas de perjudicados: el cónyuge viudo, los ascendientes, los descendientes, los hermanos y los allegados. Estas personas recibirán, en cualquier caso, un importe indemnizatorio fijo, conocido como “perjuicio personal básico”

Por su parte, existen una serie de «Perjuicios particulares» que determinaran el incremento de la parte fija, en función de las siguientes variables: discapacidad física, intelectual o sensorial del perjudicado; convivencia del perjudicado con la víctima; perjudicado único de su categoría; perjudicado familiar único; fallecimiento del progenitor único; fallecimiento de ambos progenitores en el mismo accidente; fallecimiento del hijo único o fallecimiento de víctima embarazada con pérdida de feto.

Finalmente, el perjuicio patrimonial que sufren las víctimas de accidentes con muertos tiene que ver con los ingresos que el fallecido aportaba a su economía. A este respecto, la ley establece un multiplicador indemnizatorio en funcion de conceptos tales como la dedicación a las tareas del hogar, los ingresos de trabajo personal o la dependencia económica de las víctimas sobre los fallecidos. Igualmente, la ley prevé que se abonen los gastos de traslado del fallecido, entierro y funeral conforme a los usos y costumbres del lugar donde se preste el servicio.

Indemnizaciones por secuelas

Las secuelas que presente el perjudicado en un accidente de tráfico se valoran conforme a un baremo médico, que contiene la relación de las secuelas que integran el perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial permanente, con su clasificación, descripción y medición, y también incluye un capítulo especial dedicado al perjuicio estético. Su medición la realiza un profesional mediante un porcentaje de menoscabo expresado en puntos, con un máximo de 100 (50 en perjuicio estético).

Partiendo de esta base, los «Perjuicios particulares» van a tener que ver con los perjuicios morales y la perdida de calidad de vida que pueda sufrir un gran lesionado, o incluso con la pérdida de calidad de vida que puedan sufrir los familiares de aquellas personas que requieran, a consecuencia de sus secuelas, cuidados especiales.

Por último, la Ley identifica los perjuicios patrimoniales que puede sufrir una víctima con secuelas con los gastos médicos que supondrá para él vivir en su estado: prótesis y órtesis, medicamentos, rehabilitación o adecuación de la vivienda. También se prevé indemnizar a la víctima, en concepto de lucro cesante, por la pérdida de capacidad de ganancia por trabajo personal.

Indemnizaciones por lesiones

En el caso de las indemnizaciones por lesiones, el perjuicio básico es el que se padece desde la fecha del accidente hasta el final del proceso curativo o hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela. Durante ese tiempo, la Ley establece una indemnización básica de 30 euros diarios, de forma fija.

Por su parte, los «Perjuicios particulares» se calculan en función del impedimento que haya sufrido la víctima para realizar las actividades esenciales de su vida ordinaria, y que puede ser moderado, grave o muy grave. También se prevé indemnizar por cada intervención quirúrgica, en un ratio de entre 400 y 1600 euros (en atención a las características de la operación, complejidad de la técnica quirúrgica y tipo de anestesia).

En cuanto a los perjuicios patrimoniales, la ley prevé como tales los gastos de asistencia sanitaria necesarios para la curación de la víctima y el lucro cesante que pueda sufrir esta, al haber sido privada de la capacidad de trabajar, y por lo tanto, disminuyan sus ingresos.

Definiciones

A efectos de aportar una mayor claridad y objetivación de las circunstancias que pueden condicionar una indemnización, la Ley ha introducido una serie de artículos (50 a 60) dedicados a definir conceptos tales como:

• Pérdida de autonomía personal
• Actividades esenciales de la vida ordinaria
• Gran lesionado
• Pérdida de desarrollo personal
• Actividades específicas de desarrollo personal
• Asistencia sanitaria
• Prótesis
• Órtesis
• Ayudas técnicas y productos de apoyo para la autonomía personal
• Medios técnicos
• Unidad familiar

Todos estos conceptos, que guardan una gran relevancia a la hora de determinar el alcance de las indemnizaciones que hemos mencionado anteriormente, han querido ser desgranados por el legislador, restando una función más a los tribunales en este ámbito. Este hecho no hace sino confirmar que lo que esta Ley busca, por encima de todo, es limitar al máximo la inseguridad jurídica que pueda suponer para las compañías aseguradoras la actividad de los jueces y tribunales, objetivando los conceptos existentes, y restando por tanto, capacidad interpretadora de los mismos.

Siguiendo con esta linea, el legislador también ha querido desarrollar el concepto de «Indemnización por traumatismos menores de la columna vertebral». Este concepto, popularmente conocido como el latigazo cervical, es famoso por ser utilizado en numerosas ocasiones por las víctimas de forma fraudulenta, debido a su dificultad de determinación de forma objetiva. Por ello, el nuevo artículo 135 tratará de delimitar los criterios de causalidad por los que se puede producir esta lesión, y los requisitos para que sea debidamente indemnizada.

Otras novedades

Además de las anteriormente mencionadas, la Ley también se ha ocupado de presentar una serie de exigencias complementarias de cierta relevancia.

Informes médicos

Otra novedad importante es la exigencia de un informe medico, ajustado a las reglas del sistema, para determinar y medir las secuelas y lesiones temporales que se hayan producido. Además, la Ley obligará al lesionado a prestar la colaboración necesaria para que los servicios médicos designados por cuenta del eventual responsable lo reconozcan y sigan el curso evolutivo de sus lesiones. La entidad aseguradora tendrá, por su parte, la obligación de proporcionar al lesionado el informe médico definitivo que permita valorar las secuelas, las lesiones temporales y todas sus consecuencias personales.

Indemnización mediante renta vitalicia

Las reglas relativas a la indemnización mediante renta vitalicia permiten no solo que las partes puedan convenir en cualquier momento o el juez acordar, a petición de cualquiera de ellas, la sustitución total o parcial de la indemnización fijada por la constitución de una renta vitalicia en favor del perjudicado, sino también que, cuando se trate del resarcimiento de los perjuicios padecidos por menores o personas declaradas incapaces, el juez pueda acordar de oficio tal sustitución, al menos parcial, cuando la estime necesaria para proteger más eficazmente sus intereses. La Ley, en su articulo 41 y siguientes, recoge el citado supuesto.

Concurrencia de culpas

Uno de los aspectos más discutidos en un accidente de tráfico consiste en determinar si existe una participación de la víctima en el daño que sufre, o si, dicho de otro modo, puede imputársele a ésta un grado de culpabilidad en el accidente, con el claro objetivo de disminuir, con ello, la cantidad a pagar como indemnización.

En este supuesto, el articulo 1.2 prevé reducir todas las indemnizaciones, en atención a la culpa concurrente, hasta un máximo del setenta y cinco por ciento. Se entiende que existe dicha contribución si la víctima, por falta de uso o por uso inadecuado de cinturones, casco u otros elementos protectores, incumple la normativa de seguridad y provoca la agravación del daño.

No obstante, si la culpa procede de personas menores de catorce años o incapacitadas hasta el punto de estar privadas de capacidad de culpa civil, no se suprimirá ni reducirá la indemnización, a menos que hayan contribuido dolosamente a la producción del daño. Se excluirá además la acción de repetición contra los padres, tutores y demás personas físicas que, en su caso, deban responder por ellas legalmente