Análisis del RDL 1/2015: Tasas judiciales y segunda oportunidad

El pasado viernes 27, el gobierno anunció, tras la reunión del Consejo de Ministros, la promulgación de «medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social», entre las que se incluían, la revisión de la ley de tasas judiciales o una nueva reforma de la Ley Concursal.

Así, se ha publicado este sábado en el BOE el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, norma que ha entrado en vigor el domingo 1 de marzo (enlace a la norma aquí).

Por ello, desde BasqueLaw Abogados, queremos hacer un pequeño repaso a las novedades legislativas más importantes, y explicar su incidencia en el futuro de nuestro derecho.

Exención de tasas judiciales a personas físicas

Una de las medidas más esperadas y comentadas de este real decreto ha sido la revisión del sistema de tasas judiciales que introdujo la Ley 10/2012, y que obligaba a todas las personas físicas y jurídicas al abono de una tasa para poder demandar en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, y cuya cuantía oscilaba entre los 100 y los 1200 euros.

Esta medida ha sido, desde su introducción, una de las más polémicas que ha generado el gobierno en el ámbito de la administración de justicia, ya que fue rechazada de plano por prácticamente todos los operadores jurídicos de nuestro país, al considerar que dificultaba el acceso a la justicia a un gran número de personas. Del mismo modo, la medida fue objeto de varios recursos de inconstitucionalidad, por considerarse, entre otros, contraria al artículo 24 de la Constitución Española.

Por todo ello, tras la destitución de Alberto Ruíz-Gallardón como ministro de justicia en septiembre de 2014, su sucesor, Rafael Catalá, anunció que el ministerio se planteaba su revisión parcial, hecho que meses después ha sido confirmado por el gobierno tras el Debate sobre el Estado de la Nación.

Así, el artículo 11 del RDL modifica el artículo 4º de la Ley 3/2012, eximiendo a las personas físicas del pago de las tasas judiciales en todos los órdenes e instancias, y eliminando así el que hasta ahora ha sido un importante motivo disuasorio para que muchas personas que, a pesar de superar los umbrales máximos de ingresos para ser beneficiarios de la justicia gratuita, se han visto incapaces de afrontar este gasto anticipado.

Aun así, la introducción de esta medida ha dejado fuera a las personas jurídicas, que continuarán estando obligadas a su abono, y entre las cuales se encuentran:

• Pequeñas y medianas empresas.
• Asociaciones y fundaciones.

Por todo ello, sería también deseable que, en futuras modificaciones se eximiese igualmente del pago de las tasas a los sujetos anteriormente citados, siguiendo el espíritu de la la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, que excluía del pago de las tasas a los mismos.

Además, la ley nos deja algunas dudas de carácter transitorio. Y es que esta por ver en qué situación quedarán aquellos casos en que ya se ha procedido a la autoliquidación de la tasa con anterioridad a la presentación de la demanda, y aquellos en los que se ha postergado su abono a pesar de presentarla, dejándola como defecto subsanable.

Introducción de la «segunda oportunidad» para personas físicas y autónomos

La otra importante novedad que ha introducido este decreto ha sido una nueva reforma de la Ley Concursal, que trata de incluir la figura de la “segunda oportunidad” en el concurso de personas físicas, figura que estudiamos y explicamos hace un mes en este artículo.

Así, el decreto modifica varios artículos (176, 178, 231 y siguientes) de la LC para permitir al deudor, persona física, tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial con sus acreedores, en un plazo aproximado de dos meses. Si no fuera posible, permite que sea declarado el concurso de acreedores, si bien ello será competencia de los juzgados de primera instancia (y no de lo mercantil, como sucede con las personas jurídicas). Una vez declarado, el juez ordenará la liquidación de los bienes del deudor para satisfacer sus deudas, y le exonerará del pago de las que resten una vez se haya agotado su patrimonio.

En cuanto a los requisitos de acceso, el nuevo artículo 178 bis de la Ley Concursal, en su apartado 3, impone al deudor, entre otras, la obligación de satisfacer en su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. De forma alternativa, podrá también acceder, a condición de que:

• Acepte someterse a un plan de pagos durante los 5 años siguientes para el abono de las deudas no exoneradas (de las que hablaremos a continuación).
• No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42 LC.
• No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.
• No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.
• Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal con posibilidad de acceso público, por un plazo de cinco años.

Sin embargo, la ley establece ciertas deudas que no podrán ser exoneradas (apartado 5). Entre estas excepciones se encuentran los créditos públicos (como las deudas con Hacienda o con la Seguridad Social), o los créditos por alimentos (como las pensiones alimenticias). En estos casos, como hemos mencionado anteriormente, el deudor tendrá un plazo de cinco años para proceder a su pago (apartado 6).

Otro importante matiz es que la nueva ley permite que la exoneración de deudas pueda ser revocada en un plazo de cinco años a petición de los acreedores cuando se acredite que se han ocultado ingresos o bienes, que se ha incumplido lo dispuesto en el plan de pagos de las deudas no exoneradas (salvo excepciones) o que el deudor ha conseguido una sustancial mejora de su situación (apartado 7).

Por otro lado, si el concursado estuviera casado en régimen de gananciales u otro de comunidad y no se hubiera procedido a la liquidación del régimen económico conyugal, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado su propio concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaración de concurso de las que debiera responder el patrimonio común.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las quitas que se produzcan no tendrán la consideración de plusvalía, por lo que no generarán la obligación de tributar posteriormente por ellas ante Hacienda.

Finalmente, la ley introduce reglas de procedimiento especiales para estos casos, entre las que se encuentran:

• La reducción de plazos de designación y convocatoria de acreedores.
• La reducción de los aranceles de notarios y registradores.
• La posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes.
• La potenciación de la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, si se trata de personas naturales no empresarios.

Visto lo visto, queda por ver qué efectos tendrá esta nueva norma sobre la concesión de créditos, y hasta qué punto resultará un elemento disuasorio para que las entidades de crédito puedan conceder préstamos a familias y empresarios autónomos.