Análisis de la reforma del Código Penal

El pasado día 1 de julio de 2015 entró en vigor la nueva Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, mediante la que se actualizaban diversos preceptos de nuestro Código Penal, y se establecían diversas modificaciones de gran importancia para personas físicas y empresas. Sin duda, una de las reformas más profundas operadas en nuestra normativa criminal en los últimos años.

Por ello, en BasqueLaw Abogados, queremos hacer llegar a nuestros clientes y seguidores un breve resumen de los aspectos más importantes a tener en cuenta de esta nueva ley, así como las novedades de mayor calado y las obligaciones que su entrada en vigor va a suponer en nuestro tráfico jurídico.

Desaparecen las faltas

El primer gran ausente en la nueva regulación del Código Penal son las Faltas, es decir, aquellas conductas que nuestro derecho penal consideraba de menor gravedad y que, por tanto, no estaban tipificadas como delito. Mediante esta reforma, el legislador ha pretendido reducir el número de éstos asuntos menores que, en gran parte, pueden encontrar respuesta a través del sistema de sanciones administrativas y civiles.

Por tanto, el nuevo sistema penal contempla únicamente la existencia de delitos graves, delitos menos graves y delitos leves, despenalizando así algunas de las antiguas faltas, y elevando el resto a la categoría de Delito leve. No obstante, resulta importante señalar que, en materia de antecedentes penales, los delitos leves no generarán dichos antecedentes, por lo que nunca servirán de base para apreciar la agravante de reincidencia, siguiendo así la línea de las antiguas faltas.

Violencia de género

Uno de los delitos que más profundamente se ha visto reforzado con la entrada en vigor de esta Ley ha sido el de Violencia de Genero, ya que, para la protección de las víctimas de este delito se ha incluido:

• El delito de hostigamiento o acecho, mediante el que se castiga la conducta de quien, sin estar legítimamente autorizado, acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada alguna de las conductas descritas y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana (artículo 172 ter).
• El delito de “ciber acoso”, es una modalidad del delito de descubrimiento y revelación de secretos, consistente en difundir, revelar o ceder a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de una persona, sin su autorización, obtenidas en un domicilio o lugar privado (apartado 7 del artículo 197).
• El delito de manipulación del funcionamiento normal de los dispositivos técnicos utilizados para controlar el cumplimiento de penas, medidas cautelares o de seguridad, como modalidad del delito de quebrantamiento de condena (apartado 3 del artículo 468).

Además de introducir nuevas figuras delictivas en este ámbito, la nueva Ley también establece modificaciones en ámbitos como las circunstancias agravantes del delito, la ejecución de las penas privativas de libertad o la exigencia de denuncia para reforzar la lucha contra estas conductas delictivas.

Trata de seres humanos

Para la reforma de este apartado (artículo 177 bis), nuestro legislador se ha basado en la reciente Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, la cual tenia la necesidad de ser transpuesta a nuestro país. En concreto, incluye entre sus novedades, la articulación de las siguientes conductas delictivas:

• El intercambio o transferencia de control sobre las personas.
• La entrega o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la persona que controla a la víctima.
• La explotación para que las víctimas cometan actos delictivos para los explotadores, y la celebración de matrimonios forzados.

Edad de consentimiento sexual

En relación con lo anterior, otra de las novedades de esta reforma es la elevación de la edad del consentimiento sexual a los dieciséis años, hecha con la finalidad de mejorar la protección que España ofrece a los menores, sobre todo en la lucha contra la prostitución infantil, de acuerdo con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de la Infancia.

Por ello, se determina que la realización de actos de carácter sexual con menores de dieciséis años será considerada, en todo caso, como un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones consentidas con una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez.

Prisión permanente revisable

No obstante lo anterior, una de las medidas mas polémicas que ha introducido esta Ley ha sido la llamada «Prisión permanente revisable», una variante de la Cadena perpetua, existente en otros países como Estados Unidos, con la diferencia de que puede ser posteriormente revocada si se cumplen ciertas exigencias, en particular, que quede acreditada la reinserción del penado y se garantice la no comisión de nuevos hechos delictivos.

Esta nueva pena podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad, como:

• Asesinatos especialmente graves: Homicidio del Jefe del Estado, de su heredero, o de Jefes de Estado extranjeros.
• Supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

En el ámbito empresarial, una de las novedades que mayor trascendencia va a tener en nuestro país es la reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha responsabilidad se encuentra recogida en el art. 31 bis del Código Penal, el cual se introdujo por primera vez mediante la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio.

Pues bien, tras la reforma, se mantienen los supuestos de responsabilidad penal de la persona jurídica introducidos por la citada Ley, de forma que la sociedad podrá ser penalmente responsable cuando el delito se haya cometido en su nombre y en su provecho, por:

• Sus administradores o representantes legales.
• Quienes estando sometidos a la autoridad de los anteriores, hayan podido cometer el delito por no haberse ejercido sobre ellos el debido control.

¿Donde se encuentra, entonces, la novedad regulatoria? En que la ley, a través de la inclusión de tres nuevos artículos (31 ter, 31 quater y 31 quinquies) ha decidido someter a las personas jurídicas a un régimen de supervision, bajo el cual, quedarán exentos (o atenuados, según el caso) los delitos que pudieran cometer. De ello hablaremos a continuación.

La aparición del supervisor o Compliance Officer

Para entender mejor esta figura, proveniente del mundo anglosajón, tenemos que hacer referencia a la tendencia, cada vez mayor en el mundo de los negocios, de establecer mayores y mas exigentes medidas de control a las empresas, en busca de evitar los fraudes éticos, económicos y financieros que han provocado, en los últimos años, escándalos de gran repercusión en la sociedad. A modo de ejemplo, en España basta con citar casos como las Participaciones Preferentes, las Cláusulas Suelo o las Hipotecas Multidivisa, de las que hemos hablado anteriormente.

Por todo ello, el legislador ha decidido importar este modelo de supervisión incluyendo, como causa de exención de responsabilidad penal de la persona jurídica, la adopción de un sistema efectivo de prevención de delitos o corporate compliance a la vez que indica, de forma general, los requisitos de organización y funcionamiento necesarios para aplicar dicha exención.

Por su parte, el responsable de llevar a cabo este modelo de prevención será el órgano de administración de la persona jurídica. Sin embargo, el nuevo art. 31 bis 2.2.ª requiere también, para poder apreciar la eximente de responsabilidad penal, la existencia de un órgano específico, que supervise el funcionamiento y el cumplimiento de dicho modelo, el cual recibe el nombre de compliance officer.

Aun así, esta cultura de corporate compliance aún deberá pasar por una serie de filtros interpretativos y de adaptación para tener una eficacia real en nuestro país, ya que muchas empresas (en especial las pequeñas y medianas) no tienen la capacidad necesaria para contratar y mantener este tipo de servicios, ni son capaces de conocer hasta qué punto necesitan cumplir esta normativa, incógnitas que solo podrán ser desveladas con el paso del tiempo.

Conclusión

Como hemos podido ver, esta nueva reforma ha supuesto una importante renovación de nuestro sistema penal, introduciendo una gran cantidad de conceptos jurídicos que nunca antes habían sido vistos en nuestro Derecho. La desaparición de las faltas, la aplicación de la prisión permanente revisable o la obligación de adoptar un sistema de supervisión legal corporativo serán algunos de los retos de mayor esfuerzo para nuestra sociedad en los próximos años.

Por ese motivo, entendemos que resulta de vital importancia conocerlos y aplicarlos de la mejor forma posible, de tal forma que todos pongamos el máximo cuidado en su correcto cumplimiento, en tanto que los operadores jurídicos (juristas y jueces) ponemos nuestros mayores esfuerzos en interpretarlos y moldearlos a las situaciones prácticas concretas que puedan generar.